A siete años de la sanción de la Ley 27.535, vuelve a presentarse como novedad una discusión que el Congreso argentino ya convirtió en derecho. El desafío no es legislar desde cero, sino conocer qué establece la norma, cómo se implementó y qué falta hacer para que llegue efectivamente a las aulas.
En los últimos días, durante una emisión del streaming Folklore y Tradición, conducido por el periodista Santiago Tucumán, la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Aldana Crucitta habló sobre un proyecto destinado a incorporar la enseñanza y las prácticas de danzas autóctonas y danzas folklóricas en las escuelas públicas y privadas.
“En las aulas no llega el folklore”, afirmó Crucitta. Según explicó, la iniciativa buscaría que el folklore tenga presencia a través de talleres y actividades vinculadas con Educación Física, Educación Artística y Ciencias Sociales, sin quitar horas a Lengua o Matemática.
La preocupación puede ser legítima. También es necesario discutir de qué manera se enseña folklore, qué contenidos deben incorporarse, quiénes deben estar a cargo, qué formación requieren los docentes y cómo se implementa en cada jurisdicción.Pero hay un problema previo: el folklore en las escuelas no es una idea nueva. Es un derecho reconocido por una ley nacional desde 2019. Además, la legisladora que habla de incorporarlo a las escuelas lo hace, además, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las jurisdicciones expresamente incluidas por esa legislación.
Una ley nacional sancionada hace casi siete años
El 20 de noviembre de 2019, el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nacional N.º 27.535, titulada oficialmente “Derecho a recibir educación sobre el folklore”. La norma fue promulgada de hecho el 18 de diciembre de 2019 y publicada en el Boletín Oficial el 20 de diciembre de ese año.
Su primer artículo establece:
“Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sobre el folklore, como bien cultural nacional”.
Y no deja afuera a la Ciudad de Buenos Aires. El mismo artículo establece que ese derecho alcanza a los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. Por lo tanto, una primera aclaración resulta imprescindible: las escuelas porteñas ya están comprendidas por la Ley.
No hace falta una nueva ley nacional para reconocer que los estudiantes tienen derecho a recibir educación sobre folklore. La norma existe. Está vigente.
¿Qué dice realmente la Ley?
La ley no establece que cada escuela deba crear una materia llamada “Folklore”. Tampoco ordena simplemente que los estudiantes aprendan una serie de danzas.
El artículo 2 establece que el Ministerio de Educación debe definir, en consulta con el Consejo Federal de Educación, las pautas para incorporar contenidos curriculares del folklore en los niveles inicial, primario y secundario. El artículo 3 incorpora, además, al Consejo de Actualización Curricular en ese proceso. Es decir, la ley plantea algo más amplio que enseñar a bailar una chacarera: habla de educación sobre el folklore como bien cultural nacional. Eso involucra música y danza, pero también conocimientos, prácticas, expresiones, tradiciones, relatos, literatura oral, fiestas, costumbres y las diferentes manifestaciones culturales que constituyen el campo del folklore.
El propio debate posterior a la sanción de la norma puso de manifiesto esta cuestión. Musha Carabajal explicó en 2021 que la ley no debía limitarse a música y danzas, sino incluir literatura, gastronomía, costumbres, instrumentos, vestimenta y otros aspectos de la cultura popular. Por eso, reducir la discusión a “llevar las danzas folklóricas a las escuelas” también significa quedarse corto frente al alcance de la ley existente.
Una historia que empezó mucho antes de 2019
La discusión sobre la enseñanza del folklore en las escuelas llevaba años recorriendo instituciones, organizaciones, docentes, investigadores, artistas y ámbitos legislativos. El proyecto que terminó convirtiéndose en ley tuvo como antecedente la iniciativa presentada por la entonces senadora nacional Magdalena Odarda. En 2021, al tratarse la adhesión de Río Negro a la Ley 27.535, el legislador Facundo Montecino Odarda recordó expresamente que la norma nacional había sido impulsada por Magdalena Odarda y por numerosos referentes del folklore de distintos puntos del país.
Entre quienes participaron de ese proceso estuvo el periodista César Tapia, quien en distintas oportunidades relató el trabajo realizado para conseguir respaldo político y legislativo. También Musha Carabajal tuvo un papel activo. En una entrevista con Radio Nacional, Carabajal contó que había sido convocado por César Tapia, que ambos acompañaron la iniciativa de Odarda y que participaron de las gestiones ante senadores y diputados hasta conseguir la sanción definitiva.
En otra entrevista, Carabajal fue todavía más explícito al recordar que el proyecto corría riesgo de no avanzar y que el trabajo consistió en buscar el acompañamiento de legisladores de distintos espacios. Por eso, cuando hoy se vuelve a hablar de “llevar el folklore a las escuelas”, no estamos ante una idea que acaba de descubrirse. Hay una historia previa.
El folklore no tiene dueño político
La Ley 27.535 no debería ser presentada como patrimonio de un partido, de una corriente política ni siquiera de una persona. La legislación fue producto de un recorrido parlamentario y del acompañamiento de distintos sectores. El propio relato de quienes participaron de aquel proceso insiste en esa característica: la necesidad de conseguir respaldo transversal para que una política vinculada con la cultura pudiera transformarse en ley.
En ese sentido, el folklore no es de ningún partido político. Pero reconocer que el folklore es de todos no significa borrar a quienes trabajaron para que determinadas políticas culturales fueran posibles. Una cosa es no apropiarse políticamente de una ley. Otra muy distinta es desconocer su existencia y presentar como una novedad aquello que el Estado argentino ya legisló.
El verdadero problema: una ley puede existir y no cumplirse plenamente
Decir que existe la Ley 27.535 no significa afirmar que el problema esté resuelto. Todo lo contrario. La propia norma deja establecido que deben definirse pautas para la incorporación curricular de los contenidos, en articulación con el Consejo Federal de Educación. La experiencia posterior demuestra que la implementación ha generado discusiones en distintas jurisdicciones.
En 2022, por ejemplo, la Cámara de Diputados de Santa Fe trató un pedido de información sobre el avance de las adaptaciones curriculares vinculadas con la Ley 27.535. El planteo surgió precisamente de la preocupación por saber qué había sucedido con la implementación de la norma.
También hubo provincias que avanzaron con adhesiones específicas. Chubut adhirió a la Ley 27.535 en 2021 y estableció que su Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, definiera las pautas de incorporación de contenidos curriculares. En 2026, por ejemplo, la Legislatura de Neuquén registra un nuevo proyecto para adherir a la Ley Nacional 27.535.
Esto demuestra que la cuestión está lejos de ser sencilla. Por eso, hay preguntas que sí deberían estar sobre la mesa: ¿Qué se hizo desde 2019?¿Qué contenidos fueron desarrollados? ¿Qué jurisdicciones avanzaron?¿Cuáles no?¿Qué capacitación recibieron los docentes?¿Cómo se incorpora el folklore a los diseños curriculares?¿Qué recursos se destinaron?¿Qué experiencias existen actualmente en las escuelas?¿Qué falta hacer?
Esas son preguntas mucho más interesantes que anunciar que hay que “llevar el folklore a las escuelas” como si el Congreso nunca hubiera legislado sobre el tema.
Y entonces, ¿qué proyecto está impulsando Crucitta?
Aldana Crucitta es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente integra el bloque Ciudadanos Unidos/UCR y su mandato en la Legislatura porteña se extiende hasta diciembre de 2027.
Si se trata de una iniciativa de la Legislatura porteña, su ámbito de aplicación sería la Ciudad de Buenos Aires. Allí aparece nuevamente la Ley 27.535, porque la norma nacional ya incluye expresamente a CABA. Hasta el momento de publicación de esta nota, no hemos encontrado en fuentes oficiales de la Legislatura porteña un expediente de Crucitta referido específicamente a la enseñanza del folklore. Por eso, mientras no aparezca el texto formal del proyecto, corresponde hablar de la iniciativa anunciada públicamente, no atribuirle un articulado que todavía no conocemos. Esto también forma parte del problema.
Si existe un proyecto concreto, lo razonable es conocerlo, leerlo, compararlo con la Ley 27.535 y preguntar qué pretende modificar, complementar o implementar.
Cuando el periodismo no pregunta, la historia se cuenta mal
Durante la entrevista, el periodista pregunta: “Contanos qué es esa idea del folklore en las escuelas”, y allí comienza una explicación sobre una iniciativa que, según la conversación, buscaría incorporar el folklore al sistema educativo. Lo llamativo es que, según el fragmento difundido en las redes, no aparece en ningún momento la referencia a la Ley 27.535. Ahí sí hay una responsabilidad periodística, porque si una funcionaria anuncia una iniciativa legislativa sobre un tema específico, el trabajo periodístico no debería limitarse a permitir que explique su propuesta.
También debería ponerla en contexto y preguntar, por ejemplo: ¿Conoce la Ley 27.535?¿Qué evaluación hace de su implementación?¿Qué considera que no se está cumpliendo?¿Qué diferencia tiene su propuesta respecto de la legislación nacional vigente?¿Por qué considera necesario impulsar una nueva iniciativa desde la Ciudad si la ley nacional incluye expresamente a CABA?¿Su proyecto busca reglamentar, implementar o modificar algo que ya está establecido?
Esas preguntas habrían producido otra entrevista y posiblemente también otra noticia, porque el título no sería: “Una diputada quiere llevar el folklore a las escuelas”. El título sería: “A siete años de la Ley 27.535, una legisladora porteña propone nuevas medidas para fortalecer su aplicación en las escuelas”. Hay una diferencia enorme.
La memoria también forma parte del patrimonio
Las palabras de César Tapia pueden resultar vehementes. Y lo son. Detrás de su reacción hay una cuestión que excede cualquier disputa personal. Hay una memoria colectiva sobre cómo se consiguió una ley.
En la intervención que hizo a través de su canal de Youtube, Tapia recuerda años de gestiones, reuniones, contactos con legisladores, presentaciones, viajes, vigilia frente al Congreso y el trabajo de numerosas personas que acompañaron el proceso y reivindica especialmente la participación de Musha Carabajal.
Su planteo central no es que nadie más pueda trabajar por el folklore, sino justamente lo contrario: si alguien quiere trabajar por el folklore, que lo haga. Pero que conozca lo que ya se hizo y que convoque a quienes vienen trabajando desde antes. No es una cuestión menor. La política cultural también tiene memoria, y una política pública no comienza el día en que alguien decide comunicarla en redes sociales.
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